Son personas enfermas con un proceso patológico que les impide seguir desarrollando su trabajo habitual con la capacidad precisa de realizar las funciones habituales de su puesto.
Son personas que evidentemente, han estado cotizando en el sistema y es eso precisamente, lo que les permite por Ley a acceder a una pensión por incapacidad.
La incapacidad puede ser permanente parcial, total para la profesión habitual, absoluta para cualquier profesión o gran invalidez, éste grado se otorga cuando la persona incapacitada de forma permanente, no puede valerse por sí misma y, por tanto, requiere la asistencia de un cuidador para hacer sus tareas diarias.
El tema aparece diáfano. Un trabajador enferma o sufre un accidente y pierde capacidad laboral en su trabajo habitual o en cualquier trabajo. La Ley exige que se hayan aportado unas cotizaciones mínimas determinadas para cada caso, salvo en el caso de accidente laboral, en que no hay tiempo de cotización mínima para que la persona, pueda acceder a una pensión por incapacidad, la que le corresponda.
En principio la persona trabajadora, acude con su historial e informes médicos a los mal llamados Tribunales Médicos de la Seguridad Social (Equipos de Valoración de la Incapacidad) en dónde en teoría, un equipo médico y de otros expertos, atendiendo a la situación patológica de trabajador y a otros condicionantes sociales, dicen, determinará si la persona trabajadora, reúne las requisitos para que le sea otorgada un grado de incapacidad u otro o ninguno y la correspondiente pensión, si corresponde.
Pero NO es así, llevo tiempo investigando y me han llegado casos absolutamente descabellados de NO concesión, también he seguido casos en la prensa e incluso profesionales de la medicina, me han manifestado su estupefacción por el funcionamiento de estos Tribunales.
Las personas enfermas a menudo, se ven obligadas si es que pueden costearlo a pleitear contra la Seguridad Social en los Tribunales de Justicia y la Seguridad Social, además, recurrirá por sistema todas las sentencias que la obligan a abonar una pensión, hasta que el expediente, llegue al Tribunal Supremo, nada menos. Éste Órgano, habitualmente, haciendo justicia al demandante, acaba condenando a la Seguridad Social a abonar lo que debería haber abonado desde un principio. Otro viejo clásico del Estado contra los ciudadanos honrados, trabajadores, esencialmente.
Eso que se ahorra el Estado. Eso que pena el cotizante enfermo.
Ese dinero se destinará a otras nobles causas, claro que sí, por supuesto.
Los Gobiernos de derecha lo saben, los de izquierda que tanto les preocupa la inclusión, la diversidad y cambiar nombres de los “disminuidos” en la Constitución, también lo saben y llevan cinco años gobernando.
No obstante, esa aberración de la podredumbre del Estado ahí sigue. Las trabajadoras enfermas que cotizan, se pueden morir de asco, de pena o fallecer realmente, sin haber visto reconocidos los derechos que por Ley, les corresponden.
Igual que ocurre con la aplicación de la Ley de Dependencia.
Parecería que se trata de un Estado débil con los fuertes y malvados y un Estado fuerte contra los débiles y bonifacios.
Pareciera a veces que el Estado, sólo está ahí para recaudar multas e impuestos y repartir puestos, buenos sueldos a la clase política y al alto funcionariado que nombra la propia clase política.
Parecería que el Estado no hubiera unas obligaciones (Constitucionalmente son bien escasas por cierto) o descuidara las misma para con los ciudadanos que lo constituyen y lo financian.
¿En qué nos hemos dejado convertir por esta gentuza que se alterna en el Poder, se forra a costa nuestra y no da ninguna respuesta a los problemas reales de la ciudadanía, creando otros dónde no los había?
Vale
